Hay una parte de la historia del ex Club Hotel de la Ventana que todavía no ha sido suficientemente contada. No es solamente la historia de un edificio que fue abandonado, saqueado, incendiado y convertido en ruinas. Es también la historia de un bosque que fue plantado, desarrollado durante décadas y que, con el paso del tiempo, comenzó a ser extraído hasta modificar profundamente el paisaje original del complejo.

Porque cuando se habla del patrimonio del Club Hotel, resulta habitual pensar en sus paredes, sus techos, sus galerías, sus habitaciones o sus grandes salones. Sin embargo, el proyecto original comprendía mucho más que la construcción. El entorno forestal formaba parte del conjunto y fue desarrollado deliberadamente como parte del establecimiento.

El parque del Club Hotel ocupaba una superficie de aproximadamente 120 hectáreas y contaba con una importante variedad de especies. Pinos, cedros, cipreses, eucaliptos, ligustros, sauces, aromos y acacias formaban parte de aquella forestación. Diversas investigaciones históricas vinculan el diseño paisajístico con Carlos Thays y señalan la importancia que tuvo la forestación dentro de la concepción original del complejo.

Aquello significa que los árboles no eran simplemente vegetación existente alrededor del hotel. Eran parte del proyecto.

Durante las primeras décadas de funcionamiento del Club Hotel, esa masa forestal fue creciendo junto con el establecimiento. Y aun después del cierre del hotel en 1920, el arbolado continuó formando parte del paisaje del predio.

En 1942 la Provincia de Buenos Aires adquirió el complejo y pasó a administrar durante aproximadamente 38 años tanto las instalaciones como el extenso terreno que las rodeaba. Fue durante esta etapa cuando comenzó un proceso progresivo de deterioro y pérdida de elementos originales que, aunque estuvo relacionado principalmente con el edificio, también afectó la conservación integral del predio.

Sin embargo, el episodio que interesa particularmente para reconstruir la historia de la forestación ocurrió casi cuatro décadas después.

Durante 1978 y, fundamentalmente, en 1979, comenzaron en el predio intervenciones que incluyeron la tala de árboles a gran escala. La investigación Club Hotel de la Ventana: desidia patrimonial e identidad territorial, publicada por la Universidad Provincial del Sudoeste, ubica precisamente entre 1978 y 1979 el comienzo de las tareas de demolición, desmantelamiento y tala indiscriminada en el complejo.

El contexto resulta importante porque la tala no ocurrió como una operación forestal aislada. En aquellos mismos años, funcionarios provinciales habían manifestado públicamente su intención de intervenir sobre las instalaciones del antiguo hotel e incluso de demolerlas. La cuestión del edificio es relevante solamente porque permite comprender el marco en el cual se produjo la intervención sobre el bosque: el predio era considerado desde determinados sectores del Estado como una estructura cuyo mantenimiento ya no justificaba su costo.

A comienzos de 1979 comenzó entonces la tala de miles de árboles. Y las cifras que aparecen en las reconstrucciones posteriores permiten dimensionar aquello que ocurrió. Según la reconstrucción realizada por Página/12 a partir de las denuncias publicadas por La Nueva Provincia durante 1979, habían sido derribados 5.000 ejemplares de ligustro, mientras otros 1.200 pinos y 28 cipreses se encontraban amenazados por la extracción. Son cifras extraordinarias.

Cinco mil ligustros derribados y más de mil doscientos pinos amenazados no describen una intervención menor ni una tarea puntual de saneamiento. Representan una modificación sustancial de la masa forestal histórica del predio.

Pero el aspecto más significativo es que aquella extracción tuvo además un componente económico formal. De acuerdo con la reconstrucción publicada por Página/12, la Provincia de Buenos Aires convalidó la tala mediante una licitación destinada a la producción maderera, por un valor de 950 millones de pesos de la época.

Ese dato merece detenerse especialmente en él. Porque permite establecer que la extracción de aquellos árboles no fue simplemente consecuencia del abandono ni producto de particulares que ingresaron clandestinamente al predio para llevarse madera. Existió una decisión administrativa y una operación vinculada formalmente con el aprovechamiento maderero.

La justificación que aparece en las fuentes estaba relacionada con criterios forestales. El ingeniero Alberto Salas, funcionario del Ministerio de Asuntos Agrarios, sostenía que los árboles, al alcanzar determinada edad, debían ser cortados porque podían resultar afectados por insectos, pudrición y otros procesos.

Es posible que algunos ejemplares necesitaran efectivamente tratamiento, poda o extracción. Pero la dimensión de la operación plantea otra cuestión: cómo se determinó que miles de árboles de un parque histórico podían ser destinados a producción maderera y qué estudios determinaron cuáles debían conservarse.

La documentación que actualmente puede localizarse permite conocer el monto de la operación y las cantidades denunciadas por la prensa, pero deja abiertos varios aspectos fundamentales.

No aparece todavía, con suficiente claridad, quién fue el adjudicatario de aquella licitación por 950 millones de pesos, cuál fue exactamente el volumen de madera autorizado, cuántos árboles terminaron siendo extraídos, cuánto material se obtuvo finalmente, cuál fue su destino y cómo quedó registrada económicamente la operación.

La reacción de la época también resulta significativa. La tala fue denunciada públicamente y La Nueva Provincia publicó sucesivos artículos sobre lo que estaba sucediendo. El entonces director de Turismo, coronel Alejandro Molteni, se manifestó en contra de la destrucción del complejo y propuso incluso convertirlo en un Museo Regional. Su intervención contribuyó a que el proceso de destrucción del conjunto edilicio no continuara en la forma inicialmente prevista.

Pero los árboles ya estaban siendo extraídos. La intervención de vecinos, periodistas y funcionarios que cuestionaron la destrucción permitió frenar parte de las acciones sobre el edificio, pero no evitó que una importante cantidad de la forestación histórica desapareciera.

La venta posterior del predio, concretada en 1980, puso fin a aquella etapa de administración provincial. La Provincia transfirió el complejo al Frigorífico Guaraní, cuyos propietarios proyectaron recuperar las instalaciones y destinarlas nuevamente a una actividad hotelera.

Para entonces, sin embargo, el paisaje ya había cambiado. La tala de 1979 había eliminado miles de ejemplares y reducido una parte significativa de la forestación que había acompañado al Club Hotel desde sus primeros años.

El incendio de 1983, que destruyó gran parte de la estructura, terminó de convertir al conjunto en las ruinas que conocemos actualmente. Pero, desde el punto de vista de la historia forestal, resulta importante no atribuir al incendio una pérdida que había comenzado varios años antes.

Una parte del bosque había desaparecido antes del fuego. Y justamente allí se encuentra uno de los aspectos más interesantes de esta historia: el patrimonio natural que rodeaba al Club Hotel también fue objeto de decisiones, intervenciones y aprovechamientos económicos.

No solamente se deterioraron paredes. También se cortaron árboles. No solamente se perdieron habitaciones y estructuras. También desaparecieron ejemplares que habían formado parte del paisaje histórico durante décadas. Y no solamente hubo abandono. En 1979 existió una operación maderera formalmente instrumentada.

Casi medio siglo después, la cuestión vuelve a aparecer, aunque bajo circunstancias completamente diferentes. Durante los últimos años comenzaron a registrarse nuevamente intervenciones sobre la vegetación del predio. Entre ellas se encuentra la utilización del lugar para la acumulación y quema de ramas y residuos de poda, y la extracción de ejemplares para distribución de leña por parte del estado municipal.

La situación adquirió relevancia institucional durante 2026. La Asociación de Fomento de Villa Ventana y la Cámara de Comercio y Turismo de Villa Ventana presentaron ante el Concejo Deliberante una nota solicitando la suspensión de la quema (sobre todo en plena sequia de verano) y la búsqueda de alternativas para el tratamiento de los residuos vegetales generados en la localidad.

El planteo dio origen al Expediente 7947/26, que fue tratado por el Concejo Deliberante y terminó con la aprobación unánime de la Resolución 02/26. El cuerpo pidió al Departamento Ejecutivo que informara las intervenciones realizadas, el plan de trabajo y los plazos previstos; instó al cumplimiento de la legislación vigente sobre residuos de poda; solicitó suspender las quemas de residuos vegetales dentro del predio durante el período de alto riesgo de incendios y la temporada turística, y propuso alternativas como el chipeado del material vegetal.

Durante ese tratamiento intervino el concejal Sergio Marto, quien cuestionó la realización de quemas controladas en plena temporada y bajo condiciones de sequía y consecuente riesgo extremo para Villa Ventana. Marto manifestó que había recorrido el predio y realizado registros mediante drone (ver fotos en la galería de abajo), y sostuvo que la situación debía analizarse además desde las obligaciones legales que pesan sobre el Municipio respecto de la conservación del área.

La cuestión no quedó limitada a la quema de residuos. En abril de 2026, Marto presentó otro proyecto relacionado con las ruinas del Club Hotel, en el que se pidió al Ejecutivo que informara no solamente sobre las graves intervenciones realizadas sobre las estructuras históricas, sino también sobre las quemas de restos de poda realizadas dentro del predio. El proyecto solicitó conocer si se habían cumplido los procedimientos establecidos por la Ordenanza 3574/22, si había intervenido la Comisión Municipal Asesora para la Preservación del Patrimonio y si existían informes técnicos y documentación previa a las intervenciones. También planteó la necesidad de suspender intervenciones y quemas que no contaran con supervisión técnica especializada. El expediente fue enviado a comisión para su tratamiento y cuestionado por los bloques del oficialismo y el radicalismo.

Paralelamente, en mayo se produjo un nuevo episodio que volvió a poner al predio en el centro de la discusión pública. El Expediente 7958/26, presentado por el Concejal Sergio Marto del Bloque La Libertad Avanza, se refirió a hechos ocurridos en el predio (que derivaron en dos denuncias formales), en los que, según el expediente, maquinaria y personal municipal habrían provocado la remoción y destrucción parcial de estructuras históricas.

En este caso, el debate volvió a plantear una cuestión fundamental para cualquier intervención dentro del predio: la necesidad de contar con informes técnicos, autorizaciones y procedimientos específicos de preservación patrimonial.

Uno de los dictámenes proponía directamente solicitar al Ejecutivo copia de los informes técnicos, autorizaciones y actuaciones administrativas que hubieran dado sustento a las intervenciones, además de identificar las tareas realizadas, su finalidad, las fechas, las áreas municipales intervinientes y los responsables jerárquicos y técnicos. Ese pedido de informes fue rechazado por mayoría luego de una votación que terminó empatada 6 a 6 y que fue definida por el voto de la Presidencia del Concejo. En cambio, se aprobó por unanimidad la Resolución 13/26, que expresó la preocupación por los hechos y solicitó suspender intervenciones sobre las ruinas que no contaran con supervisión técnica especializada.

Sergio Marto tuvo una participación directa en este segundo episodio. El expediente había sido presentado por su bloque y, durante el debate, sostuvo que la cuestión requería un tratamiento más profundo porque todavía existían aspectos que no habían sido esclarecidos. También manifestó que había presentado una denuncia judicial propia y que existía otra denuncia realizada por la máxima autoridad municipal. Marto sostuvo que, independientemente de la investigación judicial, el Concejo tenía la obligación de exigir respuestas y determinar las responsabilidades que correspondieran.

Lo ocurrido durante 2026 agrega así un nuevo capítulo a una historia que comenzó mucho antes. En 1979, miles de árboles fueron extraídos de un predio histórico y la madera quedó vinculada a una licitación provincial de 950 millones de pesos. Casi medio siglo después, nuevamente existen expedientes municipales relacionados con intervenciones sobre la vegetación, quema de residuos de poda, movimientos dentro del predio y actuaciones sobre elementos históricos.

La diferencia es que hoy existen herramientas institucionales y una comunidad mucho más atenta a lo que ocurre en el lugar. Y también existen preguntas nuevas. Si actualmente se están extrayendo árboles del predio, resulta necesario determinar con precisión cuáles son, por qué se extraen, quién autoriza cada intervención, qué volumen de madera se obtiene y cuál es su destino.

Si parte de esa madera se utiliza como leña, también debería existir un registro que permita conocer bajo qué programa se distribuye, quiénes son sus beneficiarios y con qué criterios se determina esa distribución. Y si efectivamente existe una acumulación de leña proveniente de las extracciones realizadas en el predio, sería especialmente importante que el Municipio explique públicamente su origen y destino.

¿Se están realizando nuevas extracciones destinadas a constituir una reserva de leña con fines electorales de cara a 2027? Esa posibilidad puede formar parte de las preocupaciones o sospechas que circulan en la comunidad. Precisamente por eso resulta tan importante reclamar información. Porque si la madera se está obteniendo como consecuencia de tareas de poda o extracción autorizadas, debería poder saberse cuántos ejemplares fueron intervenidos, qué especies eran, por qué motivo, quién autorizó la extracción, qué cantidad de madera se produjo y cuál fue su destino.

Y si, por el contrario, se comprobara que se están talando ejemplares que no debían ser extraídos y que esa madera es posteriormente acumulada o distribuida sin un procedimiento transparente, entonces estaríamos frente a una situación de mucha mayor gravedad.

La comparación con 1979 no es caprichosa. Hace casi cincuenta años, miles de árboles del mismo predio fueron convertidos en madera dentro de una operación formalizada por el Estado provincial. El monto de aquella licitación, 950 millones de pesos de la época, quedó registrado en reconstrucciones periodísticas, pero buena parte de la documentación necesaria para conocer su desarrollo y destino quedo en el olvido.

Hoy, en cambio, existe la posibilidad de hacer las preguntas mientras los hechos están ocurriendo, siempre que exista un ejecutivo municipal dispuesto a dar respuesta, respuestas que no llegan ni siquiera a los pedidos de informes que se cursas desde el ámbito legislativo.

Los expedientes 7947/26 y 7958/26, las resoluciones aprobadas por el Concejo Deliberante, el proyecto presentado en abril y las actuaciones judiciales mencionadas por el concejal Marto constituyen ya una base documental para reconstruir qué está sucediendo actualmente en el predio.

Y hay una cuestión que atraviesa toda esta historia: el bosque del Club Hotel nunca fue un recurso forestal cualquiera.

Fue plantado como parte de un proyecto histórico, creció junto al complejo, sobrevivió durante décadas al cierre del hotel y llegó a formar uno de los paisajes más característicos de Villa Ventana. La tala de 1979 demostró que un patrimonio natural puede desaparecer rápidamente cuando las decisiones sobre él se toman sin una perspectiva patrimonial.

Por eso, lo que hoy ocurra con cada árbol restante merece ser documentado con el mismo cuidado con que se estudian las paredes que todavía quedan en pie. Porque dentro de algunos años será imposible reconstruir un árbol que hoy se decidió cortar. Y la historia del Club Hotel ya tiene demasiados ejemplos de decisiones que, una vez ejecutadas, dejaron de tener vuelta atrás.